Bolivia alcanza uno de los precios más altos del diésel en Sudamérica
La eliminación de subsidios ha llevado el costo del diésel en Bolivia a una cifra preocupante, posicionando al país en el segundo lugar de la región en cuanto a precios.
Bolivia ha cambiado su posición en el mercado de diésel, pasando de ser uno de los países con los precios más bajos de Sudamérica a estar entre los más altos. Desde el 18 de septiembre, con la eliminación de la subvención, el litro de diésel se vende a Bs 17,95, lo que equivale a aproximadamente $us 1,63. Actualmente, solo Perú tiene un precio superior, que ronda los $us 1,96 por litro.
Este cambio de política de precios representa una transformación significativa en el sistema que Bolivia había mantenido durante casi veinte años. Desde 2006, el costo del diésel estuvo fijado en Bs 3,72 por litro, mientras que el Estado asumía la diferencia con el precio internacional mediante subsidios.
En diciembre de 2010, un intento de aumentar el precio del diésel fue revertido tras una serie de protestas, conocidas como el "gasolinazo". Este esfuerzo por parte del Gobierno fue un indicativo de la resistencia social a los cambios en la política de hidrocarburos.
La subvención al diésel se convirtió en un gasto considerable para el Estado, alcanzando en 2023 la cifra de Bs 12.678 millones, de los cuales Bs 12.477 millones fueron asignados solo a diésel y gasolina, según datos del Ministerio de Economía. Durante este período, el Gobierno defendió la continuidad de esta política como una medida para mitigar el impacto de los precios internacionales sobre el transporte y el costo de vida.
Sin embargo, la crisis de abastecimiento y la falta de divisas para la importación de combustibles han llevado a un cambio en la situación. En 2025, se reportaron largas filas y graves problemas de suministro, afectando a sectores productivos que requieren diésel para sus actividades, como siembra, cosecha y transporte.
Frente a esta nueva realidad, el Gobierno de Rodrigo Paz ha implementado un sistema de precio único para el diésel, buscando así reducir la presión fiscal y abordar los problemas de abastecimiento. Esta decisión pone fin a una política que había mantenido artificialmente bajo el precio del combustible durante años, pero que representó una carga creciente para las finanzas estatales.