Legisladores bolivianos exigen cooperación internacional ante el aumento del crimen organizado

La violencia desatada en San Matías ha puesto de manifiesto la penetración del crimen organizado en Bolivia, lo que ha llevado a varios legisladores a solicitar ayuda internacional para hacer frente a esta situación.

El diputado Alejandro Reyes señaló que el crimen organizado ha estado presente en el país durante un largo tiempo. Aseguró que la actual situación refleja una lucha entre bandas criminales y el Estado, generando un clima de inseguridad en la población.

Reyes propuso la necesidad de establecer convenios que permitan la intervención de agencias internacionales y fuerzas especiales de otros países, argumentando que esta es la única solución viable para combatir organizaciones como el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, que ya tienen presencia confirmada en Bolivia.

“Requerimos auxilio internacional. Este es el momento adecuado para solicitar apoyo; necesitamos colaboración en logística e incluso en armamento para enfrentar el flagelo del crimen organizado, que trasciende fronteras”, afirmó Reyes.

Por su parte, la diputada Claudia Bilbao resaltó que la actividad del crimen organizado no es nueva, aunque anteriormente operaban con mayor impunidad gracias a la protección del gobierno anterior. La reciente captura de Sebastián Marset ha llevado a un aumento de los enfrentamientos entre grupos irregulares.

Bilbao también subrayó la urgencia de implementar controles más estrictos en las fronteras, especialmente en San Matías, aunque reconoció que erradicar estos grupos será un desafío significativo, en especial tras la extradición de Marset a Estados Unidos.

Entre el miércoles y jueves, varios incidentes violentos en el departamento de Santa Cruz resultaron en al menos siete muertes, lo que ha intensificado la preocupación sobre el incremento de la violencia vinculada al crimen organizado.

Los municipios fronterizos como San Matías han sido puntos críticos en la lucha contra el narcotráfico, y Yapacaní ha sido identificado como un punto de tránsito para actividades ilícitas que continúan desafiando a las autoridades.