Aprobación de ley sobre protestas unifica ocho proyectos en Diputados
La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó un nuevo proyecto que regula las protestas y garantiza la libre circulación, con sanciones de hasta cinco años de cárcel para infractores. La iniciativa fusiona ocho propuestas distintas.

La Comisión de Justicia Plural ha dejado atrás el concepto de "ley antibloqueos" y ha aprobado un proyecto titulado "Ley del derecho para garantizar la libre protesta y la libre transitabilidad". Esta nueva normativa surge tras la unificación de al menos ocho iniciativas con el objetivo de regular las movilizaciones sociales sin afectar el derecho constitucional a la libre circulación.
Manolo Rojas, presidente de la Comisión, detalló que esta nueva denominación refleja un enfoque más inclusivo, ya que se han considerado las propuestas de todas las bancadas. El proyecto busca establecer reglas claras que prevengan situaciones similares a las vividas entre mayo y junio, cuando hubo bloqueos prolongados en La Paz.
Una de las características más relevantes de la propuesta es la inclusión de penas de cárcel que podrían llegar hasta cinco años para quienes infrinjan el derecho de libre tránsito durante las protestas. Esta medida responde a la necesidad de contar con regulaciones más claras en un contexto social cada vez más tenso.
- Ley antibloqueos
- Ley para regular la protesta social legítima
- Ley de responsabilidad y protección de la libre circulación
- Proyecto de ley de garantías para la protesta pacífica
- Ley de garantía del derecho a la protesta pacífica
Rojas también sostuvo que se están llevando a cabo reuniones con líderes de bancada para obtener apoyo político antes de que el proyecto se presente ante el pleno. El objetivo es asegurar que la propuesta cuente con los votos necesarios para avanzar en el proceso legislativo.
En el ámbito regional, ya se han aprobado leyes en Beni y Santa Cruz que buscan garantizar la libre transitabilidad en caminos y carreteras. Estas iniciativas son vistas como un paso importante hacia la erradicación de la cultura del bloqueo y la promoción del respeto a los derechos de los ciudadanos.