Fiscalía acepta denuncia en caso terrorismo tras múltiples negativas
Luego de varios intentos fallidos, víctimas del caso terrorismo logran que la Fiscalía de Santa Cruz admita su denuncia, buscando justicia contra exfuncionarios del gobierno de Evo Morales.
La Fiscalía de Santa Cruz ha decidido aceptar la denuncia de las víctimas del caso terrorismo, después de cinco intentos anteriores en los que su solicitud fue rechazada. Este caso involucra a exautoridades, políticos y funcionarios judiciales que estarían implicados en las acciones denunciadas.
Alfredo Saucedo, quien actúa como abogado y representante de las víctimas, comunicó que recibió la notificación sobre la admisión de la denuncia, lo que marca un avance significativo tras años de insistencia ante el Ministerio Público desde 2009. En sus palabras, esto representa un paso importante en su búsqueda de justicia.
Saucedo considera que esta decisión de la Fiscalía es una "luz de esperanza" para los afectados, quienes ahora esperan trabajar de forma conjunta con fiscales y policías para que el Estado boliviano finalmente rinda cuentas sobre este caso.
Alcance de la denuncia
La denuncia presentada señala a varios exfuncionarios del gobierno de Evo Morales, incluyendo al propio expresidente y su exvicepresidente Álvaro García Linera. También se mencionan a miembros de su gabinete, así como a policías, militares y diputados que participaron en una comisión multipartidaria.
Los denunciantes buscan establecer responsabilidades por las muertes y persecuciones ocurridas durante los eventos del caso terrorismo, reclamando que se investiguen las circunstancias de estas acciones que afectaron a cívicos y empresarios.
El abogado Saucedo reafirmó que el objetivo principal es que los responsables enfrenten la justicia y reciban las sanciones adecuadas según las leyes nacionales e internacionales. También hizo mención de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que respalda su lucha por justicia.
Con esta admisión, las víctimas esperan que se reanude la investigación que, tras años de estancamiento, permita identificar culpables y esclarecer los hechos. Su desafío radica en evitar que este nuevo proceso se detenga, buscando finalmente establecer la verdad y las sanciones correspondientes.