La reforma a la CPE definirá límites en derechos
El Senado convoca a universidades y juristas para discutir la reforma parcial de la Constitución, garantizando que los derechos no serán modificados. Se prevén cambios en justicia y economía, además de un referéndum para validar cualquier modificación.
El debate sobre la reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) involucra a universidades y constitucionalistas, mientras que en la Asamblea Legislativa se trabaja en propuestas relacionadas con justicia, economía y autonomías. Diego Ávila, presidente del Senado, anunció la invitación al sistema universitario para que participe en este proceso.
Ávila destacó la importancia de que las universidades contribuyan a la discusión, extendiendo el aporte académico a temas como justicia y autonomías. Se busca también la participación de constitucionalistas, como el exmandatario Eduardo Rodríguez Veltzé, y se han recibido propuestas que abordan cuestiones ambientales.
Un aspecto clave del debate es que ya se ha establecido un límite en la reforma: el capítulo de derechos no será modificado. "La única forma de tocarlo sería para profundizar derechos", enfatizó Ávila, reafirmando el compromiso de no alterar lo que ya está consagrado.
El artículo 411 de la CPE establece que cualquier cambio que afecte los derechos fundamentales del Estado debe ser realizado a través de una reforma total mediante una Asamblea Constituyente. Para reformas parciales, se requiere la iniciativa popular con al menos el 20% del voto o una ley aprobada por dos tercios de la Asamblea, lo que también exige un referéndum.
Juan Del Granado, presidente de la Comisión de Constitución en Diputados, subrayó la importancia de que cualquier modificación respete las disposiciones de la Constitución. "La Constitución no es solo un conjunto de normas que pueden cambiarse según la coyuntura política", advirtió el legislador, enfatizando su rol en la convivencia democrática.
La Comisión de Constitución también ha reanudado la discusión de su proyecto de reforma judicial, que propone destinar un 3% del presupuesto al Órgano Judicial, eliminar jueces provisorios y crear una comisión para seleccionar candidatos a altos cargos judiciales. Del Granado señaló que la reforma judicial es vital para fortalecer la democracia.
Además, se incorpora el reconocimiento de la justicia de paz, la conciliación y el arbitraje, se prohíben las prórrogas de mandato y se establece el cese automático de funciones al concluir el periodo. También se plantea la eliminación de la Procuraduría General del Estado, según lo expuesto por los legisladores.
Otra propuesta en desarrollo, presentada por Ávila y el diputado Carlos Alarcón, sugiere modificaciones en los sistemas económico y judicial, eliminando diversas disposiciones de la Constitución para que sean reguladas por leyes, incluyendo aspectos de inversiones y resolución de controversias.