Gobierno evalúa recortes en subvenciones tras acuerdo con el FMI
El presidente Rodrigo Paz considera ajustes en varias subvenciones, incluyendo el sector energético, como parte de un plan fiscal que busca sanear las finanzas públicas.
La administración de Rodrigo Paz está revisando la posibilidad de reducir diversas subvenciones estatales, además de eliminar el subsidio a los combustibles. Esta decisión se enmarca en el convenio económico firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre los sectores que podrían verse afectados se encuentra el energético, lo que podría repercutir directamente en los costos de servicios para hogares y empresas.
El acuerdo con el FMI incluye una política destinada a la reducción progresiva de subvenciones y al recorte del gasto público, con el fin de abordar el déficit fiscal. Esta medida se considera crucial para estabilizar la economía nacional, que enfrenta serios desafíos. Se proyecta un ajuste fiscal que representa alrededor del 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) entre 2026 y 2029.
Uno de los aspectos más delicados de este ajuste es el de los combustibles. Según el memorando, en 2026 los precios internos permanecerán estables, pero a partir de enero de 2027 se iniciará un proceso de recuperación de costos, lo que implica que el presupuesto estatal de ese año no incluirá recursos para sus subsidios.
El alcance del acuerdo no se limita a los combustibles, ya que también se contempla la eliminación progresiva de controles de precios, que abarcan tanto alimentos como energía. Además, se prevé la racionalización de la inversión pública, la reducción del gasto estatal y la reestructuración de empresas públicas que no sean sostenibles financieramente.
El Gobierno argumenta que estas medidas forman parte de un programa de estabilización de 36 meses para las finanzas públicas. El acuerdo con el FMI incluye un financiamiento cercano a los 1.900 millones de dólares, y se espera que facilite la obtención de recursos adicionales de organismos como el BID y la CAF.
La principal preocupación radica en cómo este ajuste impactará en la población. Si bien el Ejecutivo busca reducir el peso de las subvenciones sobre las cuentas del Estado, la disminución o eliminación de estos apoyos podría trasladar una mayor parte de los costos reales de energía y otros servicios a los bolsillos de los ciudadanos y las empresas.
Con este acuerdo, el FMI asegura que la revisión de otras subvenciones representa un nuevo desafío que podría afectar directamente a los bolivianos, ampliando así el debate sobre la sostenibilidad de las ayudas estatales en el país.