jueves 17 de septiembre de 2026 · Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Economía

Gobierno evalúa cierre de hasta diez empresas estatales

La administración de Rodrigo Paz analiza la reestructuración del sector empresarial estatal, con posibles cierres y transformaciones de entidades no sostenibles.

Por Gabriela Landívar · 10 de septiembre de 2026

La gestión de Rodrigo Paz está llevando a cabo una reestructuración del aparato empresarial estatal, evaluando la posibilidad de cerrar, liquidar o transformar varias empresas públicas que no son viables económicamente. Según el Ministerio de Economía y la Oficina de Fortalecimiento de Empresas Públicas (OFEP), se estima que esta revisión afectará entre ocho y diez entidades.

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, indicó que se realizarán diagnósticos técnicos a las empresas para identificar cuáles pueden seguir operando y cuáles representan una carga para las finanzas del Estado. Esta medida se enmarca dentro del PGE Reformulado 2026, que autoriza la reorganización, disolución y liquidación de empresas públicas del nivel central.

La situación financiera de varias de estas entidades ha llevado a la OFEP a identificar a 15 empresas que actualmente se encuentran en quiebra técnica, acumulando pérdidas que rondan los Bs 3.637 millones. Entre ellas se encuentran la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (EPCORO) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).

El ajuste también implica recortes en los aportes de capital a estas empresas, con una disminución de Bs 3.800 millones, como parte del plan gubernamental para reducir el déficit fiscal. Espinoza aclaró que el propósito no es cerrar empresas de manera automática, sino determinar la mejor opción: mantenerlas, reestructurarlas, transferirlas o liquidarlas.

Entre las empresas bajo evaluación se encuentra una que produce papas fritas en El Alto, que podría ser cerrada, transferida a otro nivel de gobierno o asociada a la iniciativa privada, dependiendo de los resultados de la revisión.

Con esta medida, el Gobierno busca reducir la estructura empresarial estatal, que ha requerido recursos públicos en el pasado, y ahora se espera que varias de estas empresas demuestren su capacidad de operar sin representar una carga económica para el Estado.