Santa Cruz fija plazo al Gobierno y amenaza con movilizaciones
La Asamblea de la Cruceñidad otorgó un ultimátum hasta el 10 de octubre al Ejecutivo de Rodrigo Paz para resolver la crisis de combustibles y otras demandas. En caso de no recibir respuesta, se planean movilizaciones y un cabildo.
En una reciente reunión que se extendió por más de cuatro horas, la Asamblea de la Cruceñidad determinó dar hasta el 10 de octubre al Gobierno de Rodrigo Paz para atender las problemáticas en torno a la crisis de combustibles y diversas exigencias regionales. De no obtener respuestas, el Comité pro Santa Cruz anticipó el inicio de movilizaciones escalonadas y la posibilidad de convocar un cabildo.
El presidente cívico Stello Cochamanidis destacó que esta decisión se tomó tras un extenso debate con representantes de diferentes sectores productivos y organizaciones de Santa Cruz. La fecha límite coincide con el Día de la Democracia, un momento simbólico para comenzar las acciones de protesta si no se satisfacen las demandas.
Entre las principales exigencias se incluye la solución al desabastecimiento de diésel y gasolina, la liberación de la importación y comercialización de combustibles, la reducción de impuestos para abaratar el costo del carburante, así como poner fin al monopolio de YPFB y la ANH. También se solicitó investigar presuntas tramas de corrupción en el sector de hidrocarburos.
Asimismo, la Asamblea demandó la restitución de competencias y recursos para gobernaciones, municipios y universidades, además de la inclusión del modelo 50/50 en el Presupuesto General del Estado 2027, para asegurar que una parte de los recursos generados se quede en las regiones.
"Si el Gobierno no responde hasta el 10 de octubre, las medidas comenzarán en las calles y podrán escalar hasta un cabildo", advirtió Cochamanidis, enfatizando que no se solicitó la renuncia de Paz y que la postura de la Asamblea busca mantenerse dentro del marco constitucional.
La fecha límite impuesta por Santa Cruz se ha convertido en un punto crítico, ya que si las respuestas del Gobierno no llegan a tiempo, la crisis de combustibles podría desembocar en un nuevo conflicto regional que afecte a la población cruceña.