Caso del paro de 36 días en 2022 se extingue y Santistevan critica el proceso
El caso penal abierto contra cinco líderes cruceños por el paro de 2022 fue cerrado este viernes, lo que generó reacciones de algunos implicados, como José Luis Santistevan.
El proceso judicial que se había iniciado contra cinco figuras destacadas de Santa Cruz por el paro de 36 días de 2022 culminó en su extinción este viernes, tras más de tres años de investigación. Este caso nació a raíz de una denuncia presentada el 11 de noviembre de 2022, en medio de la movilización que exigía la realización del Censo de Población y Vivienda.
Entre los acusados se encontraban el entonces gobernador Luis Fernando Camacho, el expresidente cívico Rómulo Calvo, el rector de la UAGRM Vicente Cuéllar, el vicerrector Reinerio Vargas y el abogado José Luis Santistevan, quien formó parte del Comité Interinstitucional que lideró la protesta.
José Luis Santistevan, al referirse a las acusaciones que recaían sobre él, cuestionó la forma en que se llevó adelante el proceso judicial. Aseguró que debido al tiempo transcurrido, las acusaciones no pudieron ser sometidas a un juicio oral.
“Lo que han hecho es un daño irreparable para Santa Cruz”, afirmó Santistevan, señalando que el Gobierno utilizó jueces y fiscales para estructurar el caso en su contra.
El abogado destacó que la movilización del 2022 se justificó por la necesidad de que el Censo permitiera una actualización en la distribución de recursos y representación política. En su defensa, argumentó que el paro se centró en derechos fundamentales, tales como la asignación de recursos para salud y educación, y la representación parlamentaria adecuada.
Santistevan también criticó las acusaciones de terrorismo y alzamiento armado que se presentaron en su contra, enfatizando que ninguno de los cinco procesados tuvo la oportunidad de defenderse en un juicio donde se pudieran presentar y debatir las pruebas ante un tribunal.
El paro que dio origen a este proceso comenzó el 22 de octubre de 2022 y se extendió hasta el 26 de noviembre, cuando se levantó tras la promesa del Gobierno de llevar a cabo el Censo en 2024. La falta de resolución durante el transcurso de los últimos años impidió que los acusados pudieran ejercer su derecho a una defensa plena.