jueves 17 de septiembre de 2026 · Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Política

Intervención temporal de YPFB por deficiencias operativas

El Gobierno implementa un control extraordinario sobre YPFB por hasta 180 días para mejorar la gestión de la importación y distribución de combustibles.

Por Gabriela Landívar · 2 de septiembre de 2026

El Ejecutivo ha decidido intervenir Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) durante un periodo de hasta 180 días. Esta medida es resultado de la identificación de fallas en las operaciones de la empresa estatal y busca optimizar la cadena de logística relacionada con la importación y distribución de carburantes.

Esta intervención se formaliza a través del Decreto Supremo 5697, que fue aprobado el 1 de septiembre. Además, se establece una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria que se encargará de supervisar la gestión de YPFB durante la duración de la intervención.

La duración de la intervención podría ser prorrogable una única vez por un máximo de 90 días, dependiendo de la persistencia de los problemas detectados. Sin embargo, si se logran solucionar las deficiencias, podría finalizase antes de los 180 días establecidos.

Objetivos de la intervención

  • Revisar procesos de importación, adquisición y distribución de combustibles.
  • Realizar auditorías técnicas para detectar irregularidades como el contrabando y el desvío de combustibles.
  • Identificar y establecer responsabilidades del personal involucrado en las deficiencias.
  • Recomendar la inclusión de expertos y consultores para mejorar la gestión.

La Comisión estará compuesta por representantes de varios ministerios, incluidos Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, así como el Viceministro de Transparencia. Su labor se centrará en áreas críticas como la comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles.

El personal de YPFB, incluyendo al presidente, deberá proporcionar información solicitada por la Comisión dentro de los plazos establecidos. El incumplimiento de esta obligación podría conllevar responsabilidades administrativas o penales.

Finalmente, se aclara que la intervención no requerirá fondos adicionales del Tesoro General de la Nación, ya que los costos se cubrirán a través de los presupuestos de las entidades que forman parte de la Comisión.