Paz asegura que los fondos del FMI no se destinarán a subsidios de combustibles
El presidente boliviano destacó que los recursos por 1.900 millones de dólares se usarán para obras y no para subsidios, mientras urge al Parlamento discutir la legalización de autos indocumentados.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que los 1.900 millones de dólares provenientes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que también facilita otros 4.500 millones de dólares de organismos internacionales, no serán destinados a subsidiar los combustibles. En cambio, se enfocarán en la ejecución de proyectos que beneficien a la población boliviana.
Durante su intervención en el Palacio de Gobierno en La Paz, Paz enfatizó que se debe evitar el uso de estos recursos para subsidios, ya que eso podría propiciar el contrabando de combustibles a países vecinos. "No podemos usar lo que hemos conseguido para el subsidio a los combustibles", afirmó el mandatario.
El presidente también subrayó la necesidad de que el Legislativo aborde diversas reformas económicas, además del convenio con el FMI, que fue anunciado el 29 de julio. Estos acuerdos incluyen 700 millones de dólares para iniciativas de protección social.
Paz detalló que los 1.900 millones de dólares servirán para estabilizar el valor del dólar y fomentar una economía sostenible, mientras que los 4.500 millones se destinarán a obras de infraestructura y mejoras en los sectores de salud y educación.
El mandatario propuso, además, la opción de liberar la importación de combustible, permitiendo así que los sectores productivos compren directamente, sin depender de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Paz también instó al Parlamento a discutir el proyecto de ley para la legalización de autos indocumentados, conocidos como "chutos", argumentando que este paso podría generar importantes ingresos para los municipios del país. Esta propuesta había sido parte de su campaña electoral para las elecciones de 2025.
Cabe recordar que el gobierno aprobó un decreto el pasado 17 de agosto, estableciendo un precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel, que no se aplica al transporte público ni a consumidores privados que utilicen menos de 5.000 litros al mes, para quienes el precio se mantiene en 9,80 bolivianos. Sin embargo, esta decisión ha provocado protestas en varios sectores que exigen la anulación de la norma.
El ajuste en los subsidios de combustibles responde a uno de los requisitos impuestos por el FMI para el financiamiento, lo que ha generado un amplio debate en la sociedad boliviana.
"Hay una conclusión en el oriente y occidente que no podemos usar los recursos que hemos conseguido para el tema del subsidio a los combustibles".