Alerta en Presidencia por posible conflicto de interés en programa de enlosetado
Dennis Vallejos Usnayo, funcionario del Gobierno, advirtió sobre la posible formación de empresas por parte de legisladores para beneficiarse de un programa de infraestructura urbana que cuenta con un financiamiento significativo.
El funcionario de la Presidencia, Dennis Vallejos Usnayo, emitió una advertencia acerca de información recibida que sugiere que algunos diputados y senadores de la bancada oficialista estarían creando empresas a través de intermediarios para aprovechar el programa de enlosetado del Gobierno. Vallejos instó a la ciudadanía a presentar cualquier dato verificable que pueda dar lugar a una denuncia correspondiente.
Este alerta se da en el marco del programa gubernamental de infraestructura urbana, que dispone de hasta $us 100 millones para financiar proyectos de enlosetado en El Alto y otras localidades del país. Este programa forma parte de las medidas de emergencia para la generación de empleo en su segunda fase, siendo financiado por FONPLATA y gestionado por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS).
A su vez, han surgido interrogantes sobre la participación de la Constructora HASBI S.R.L., una empresa localizada en El Alto, que se dedica a la construcción civil, vial y alcantarillado. Recientemente, se ha señalado una posible conexión entre esta firma y la diputada Claudia Bilbao, lo que ha generado preocupaciones dada la magnitud de los recursos que se destinarán a este programa.
Sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado documentación pública que confirme que HASBI haya recibido o tenga asegurada alguna adjudicación dentro del nuevo programa de enlosetado. Esto abre un debate sobre la necesidad de mayor transparencia en las futuras contrataciones, especialmente en lo que respecta a las empresas involucradas y la identificación de sus propietarios y beneficiarios finales.
Por ahora, la información disponible solo permite hablar de acusaciones y solicitudes de aclaración, sin que haya una irregularidad comprobada ni adjudicaciones directas relacionadas con los legisladores mencionados.