Gobierno considera extender el estado de excepción ante nuevos bloqueos
La administración de Rodrigo Paz evalúa la posibilidad de prolongar el estado de excepción en respuesta a la continuidad de bloqueos y nuevas manifestaciones por el Decreto Supremo 5676, que regula el precio y la subvención de combustibles.
El Gobierno boliviano, bajo la gestión de Rodrigo Paz, está contemplando la opción de ampliar el estado de excepción vigente debido a la persistencia de bloqueos en el país. Estas tensiones sociales surgen en el contexto del Decreto Supremo 5676, que ha despertado descontento entre diversos sectores.
Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, indicó que si los bloqueos y otras formas de presión continúan afectando la libre circulación, el Ejecutivo podría decidir sobre la extensión de esta medida excepcional. El propósito de tal decisión sería prevenir conflictos similares a los ocurridos en mayo y junio, cuando se registraron bloqueos prolongados que impactaron el suministro de bienes esenciales como alimentos y medicamentos.
A pesar de esta posibilidad, José Luis Gálvez, portavoz del Gobierno, aclaró que la ampliación del estado de excepción no es una prioridad en este momento. Gálvez resaltó que la medida sigue vigente y que es fundamental para las autoridades hacer cumplir las restricciones y sancionar a quienes instiguen bloqueos en las vías.
Contexto de la medida
El estado de excepción fue implementado el 20 de junio mediante el Decreto Supremo 5636, el cual tiene una duración de 90 días, por lo que su validez se extiende hasta el 18 de septiembre de 2026. Para que se produzca una ampliación, sería necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa, tal como lo han interpretado algunos expertos en derecho constitucional.
La situación ha generado un aumento en los bloqueos, como el que se mantiene en el puente San Pablo, en la carretera Santa Cruz-Beni, donde productores llevan tres días exigiendo respuesta a sus demandas, que incluyen la liberación de detenidos.
Desde el lado opositor, han surgido críticas hacia el Gobierno, con legisladores sugiriendo que primero se debe aplicar efectivamente el estado de excepción actual antes de considerar su extensión. En contraposición, algunos miembros del oficialismo están promoviendo una propuesta para extenderlo por seis meses, citando posibles crisis sociales futuras.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, advirtió que el estado de excepción es una solución temporal y no aborda las raíces de los conflictos sociales. Por ello, instó a priorizar el diálogo y atender las peticiones que podrían desencadenar nuevas protestas.
Por ahora, el Gobierno no ha tomado una decisión final sobre la posible extensión del estado de excepción. La determinación dependerá de la evolución de las movilizaciones y bloqueos en las semanas venideras, así como de los procedimientos legales requeridos para la prolongación de esta medida.