Municipios exigen la anulación del DS 5676 y más recursos al Gobierno

Los 335 municipios de Bolivia han formalizado una solicitud al Gobierno para que se abrogue el Decreto Supremo 5676, que, según ellos, no ha logrado resolver la escasez de combustibles. Neptaly Mendoza, presidente de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) y alcalde de Porongo, afirmó que la normativa ha exacerbado problemas como la especulación y la intermediación en el mercado de combustibles.

Mendoza presentó un acta en representación de los municipios, señalando que existe un consenso sobre la necesidad de anular el decreto, ya que los resultados esperados no se han materializado. Agregó que lo que se ha observado es un aumento en la especulación y una insuficiente disponibilidad de combustibles en las estaciones de servicio.

Durante una reciente reunión con el presidente Rodrigo Paz, los alcaldes discutieron la crisis económica y la falta de carburantes. Mendoza advirtió que esta situación está llevando a la paralización progresiva de las actividades productivas y de transporte en las regiones.

Propuesta del 50/50 en el presupuesto 2027.

Además, los municipios presentaron su propuesta de incluir el modelo de "50/50" en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027. Esta modificación implicaría una nueva distribución de los recursos fiscales entre los diferentes niveles de gobierno, lo que Mendoza considera crucial dadas las dificultades económicas que enfrentan las gobernaciones y los municipios.

El alcalde de Porongo enfatizó que una redistribución adecuada de los recursos permitiría a las regiones fortalecer sus capacidades y avanzar hacia un modelo con mayores competencias. Esta propuesta también podría estar vinculada a una futura reforma constitucional que contemple el federalismo.

Otro de los puntos discutidos fue la reclamación por cerca de 700 millones de dólares que corresponde al Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), fondos que han sido retenidos y no han sido utilizados para los fines prometidos. Mendoza afirmó que esta suma debería ser redistribuida entre los municipios, gobernaciones y universidades para contribuir a mejorar su situación financiera.

Finalmente, se acordó trabajar en una reprogramación de las deudas de los gobiernos municipales y departamentales, que enfrentan serias dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. Mendoza destacó que esta reprogramación permitirá mantener las operaciones de los municipios mientras se buscan nuevas fuentes de financiamiento.

Asimismo, se planteó la necesidad de transferir recursos adecuados para las competencias que ya han sido delegadas a los municipios en áreas como salud y educación, donde actualmente se ven obligados a cubrir costos significativos sin el apoyo financiero correspondiente del nivel central.