jueves 17 de septiembre de 2026 · Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Sociedad

Universidades exigen soluciones al Gobierno antes del 19 de septiembre

Los rectores y representantes del sistema universitario boliviano han decidido mantener la emergencia y advierten sobre movilizaciones si no se atienden sus demandas presupuestarias en plazo.

Por Mariela Terceros · 26 de agosto de 2026

Los representantes de las universidades públicas en Bolivia se han declarado en estado de emergencia, otorgando un plazo hasta el 19 de septiembre de 2026 al Gobierno para que presente soluciones efectivas a la crisis financiera que enfrenta la educación superior. Esta decisión fue tomada en la I Conferencia Nacional Extraordinaria de Universidades, celebrada en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba.

Reinerio Vargas, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), enfatizó la necesidad de recursos para garantizar el funcionamiento de las universidades, así como para potenciar la investigación y el desarrollo tecnológico en el país. Vargas subrayó que la educación, la ciencia y la tecnología son vitales para el progreso de Bolivia.

Durante el encuentro, el secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Rogelio Espinoza, informó que el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, mostró interés en coordinar una reunión entre el Gobierno y el CEUB para abordar la situación económica de las universidades. No obstante, los representantes insistieron en la necesidad de formalizar este compromiso mediante una comunicación oficial.

Si el Gobierno no ofrece respuestas satisfactorias antes del 19 de septiembre, los rectores y representantes de los estamentos docente y estudiantil han acordado movilizarse en La Paz a partir del 20 de septiembre, en protesta por la falta de atención a sus demandas. Esta movilización se llevará a cabo a nivel nacional.

Entre las principales demandas del sistema universitario se incluye la integración de los recursos extraordinarios que ha estado otorgando el Gobierno al soporte ordinario de las universidades, así como la compensación de los recursos necesarios para cumplir con el nuevo salario mínimo nacional. También se exige financiamiento adecuado para proyectos de investigación, infraestructura y equipamiento.