El crimen organizado en Bolivia infiltra a autoridades locales, advierte experto
Cristian Sánchez, abogado y analista en seguridad, señala que las redes criminales no solo corrompen a la policía, sino que también logran colocar concejales, alcaldes y jueces, lo que les permite operar con impunidad en el país.
El abogado penalista y analista en seguridad y criminología, Cristian Sánchez, ha alertado sobre la profunda penetración del crimen organizado en Bolivia, que trasciende la corrupción en las fuerzas del orden. Según su análisis, estas estructuras buscan infiltrar autoridades a nivel local, comunal, sindical y judicial, con el fin de asegurar impunidad y mantener sus actividades ilegales.
Sánchez enfatiza que la corrupción no se limita a las fuerzas policiales, sino que también incluyen a concejales, alcaldes y otras autoridades, quienes son colocados en sus cargos para facilitar operaciones delictivas. Además, aduce que estas redes están interconectadas con otras actividades ilícitas como la minería ilegal y el narcotráfico.
El experto señala que Santa Cruz se ha convertido en un punto estratégico para el crimen organizado, que ya no considera a Bolivia simplemente como un paso, sino como un centro de operaciones. Esto se debe a las condiciones que ofrece la región, que facilitan la ejecución de sus actividades ilícitas sin temor a ser detenidos.
La violencia reciente en el país, que incluye asesinatos y ataques a policías, son reflejos de disputas internas entre grupos criminales en busca del control de rutas y liderazgos regionales. Según Sánchez, este uso de la violencia es una manifestación de poder de las organizaciones vinculadas al narcotráfico.
Sánchez advierte que, si el Estado no implementa una estrategia integral para combatir estas organizaciones, podría enfrentar represalias directas contra sus miembros, incluyendo acciones violentas contra policías, jueces e incluso periodistas.
Asimismo, el analista critica al sistema judicial, que según él, también tiene una parte de responsabilidad en la crisis actual. Menciona que algunos operadores judiciales contribuyen a dar una apariencia de legalidad a actividades vinculadas al narcotráfico y cuestiona la rapidez con que algunos detenidos obtienen beneficios y la devolución de bienes.
Finalmente, el especialista argumenta que la Policía se encuentra en desventaja ante estas organizaciones debido a la falta de recursos y capacidades operativas. Considera que, durante años, se ha desatendido el fortalecimiento de la institución, priorizando un enfoque represivo en lugar de una estrategia preventiva y de control que permita hacer frente al narcotráfico.