Acuerdos viales con Brasil despiertan inquietudes sobre tierras y bosques en Bolivia
La reciente firma de convenios de transporte con Mato Grosso llega en medio de controversias por la adquisición de tierras por parte de empresarios brasileños que exceden límites legales establecidos en el país.
El presidente Rodrigo Paz estuvo presente el viernes en San Ignacio de Velasco para formalizar dos convenios con representantes de Mato Grosso, Brasil. Uno de los acuerdos contempla el estudio para la creación de un corredor vial de 129 kilómetros que conectará hasta la frontera en Marfil, mientras que el otro busca establecer rutas aéreas entre Cuiabá, San Ignacio de Velasco y el aeropuerto Viru Viru.
El evento reunió a varias figuras importantes, como los ministros Mauricio Zamora y Óscar Mario Justiniano, el gobernador Juan Pablo Velasco, así como una comitiva brasileña compuesta por alcaldes de diez municipios fronterizos y miembros del Comité de Integración Brasil-Bolivia. Cabe destacar que esta reunión sigue a un encuentro previo en enero, donde se discutieron corredores viales similares con actores del agronegocio brasileño durante la cumbre “Ruta del Corazón de Sudamérica”.
Según información de InfoMoney, la delegación brasileña que asistió al acto movilizó más de 20 aeronaves privadas y estuvo encabezada por Erai Maggi, quien es conocido por su liderazgo en el Grupo AMAGGI. Aunque su nombre no fue mencionado en medios bolivianos, se ha reportado que este proyecto podría recibir financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), con un acuerdo preliminar ya firmado por el ministro de Agricultura de Brasil.
La figura de Maggi ha sido objeto de atención debido a denuncias previas sobre adquisiciones de tierras en la Chiquitania, donde se estima que ha adquirido entre 30.000 y 40.000 hectáreas, superando ampliamente el límite constitucional de 5.000 hectáreas para la propiedad agrícola individual. A pesar de las acusaciones, la empresa Bom Futuro, vinculada a Maggi, ha negado cualquier inversión en Bolivia, argumentando que cualquier compra de tierras es una decisión personal de él.
Revista Nómadas ha sugerido, aunque sin confirmación, que las operaciones podrían estar relacionadas con un terreno conocido como INPA, ubicado en Concepción, donde se ha documentado una pérdida de más de 127.000 hectáreas de bosque en los últimos once años. Además, en el Beni, se está llevando a cabo un proyecto de 60.000 hectáreas por parte de la familia Marchett, que tiene antecedentes de adquirir tierras en partes para eludir restricciones en Colombia.
Expertos han señalado que este fenómeno forma parte de un movimiento más amplio en la región. El politólogo Mariano Turzi describe una “República de la Soya” donde el capital agroindustrial reconfigura el territorio sin respetar las fronteras nacionales. En este contexto, la socióloga Marielle Palau advierte sobre el peligro de que Bolivia adopte un modelo similar al de Paraguay, donde la propiedad de la tierra está concentrada en pocas manos.
La diputada María René Álvarez ha criticado la falta de control gubernamental sobre la deforestación en la región de San Ignacio de Velasco, sugiriendo la necesidad de revisar las normativas que facilitan el desmonte y las quemas de tierras.
El periodista Stasiek Czaplicki Cabezas también ha expresado preocupaciones sobre los acuerdos, sugiriendo que la delegación brasileña no solo vino a discutir infraestructura, sino a establecer condiciones para un incremento en las inversiones agropecuarias. Se preguntó, además, a quién realmente responde el gobierno de Rodrigo Paz: a los habitantes locales o a quienes llegan con capital y planes de expansión.
Finalmente, el caso de un cargamento de oro, relacionado con un empresario del Grupo Dallas, se ha mencionado como un antecedente que podría contextualizar las actividades de algunos integrantes del agronegocio brasileño, aunque no hay evidencia que vincule directamente este hecho con la comitiva que asistió a San Ignacio de Velasco.
El Ministerio de Obras Públicas aún no ha dado declaraciones sobre la información publicada por InfoMoney. Es importante señalar que San Ignacio de Velasco alberga aproximadamente el 6,2% de los bosques bolivianos y es una de las áreas más críticas en términos de deforestación en el país. Los estudios técnicos sobre el corredor vial, que no cuentan con un plazo definido, determinarán en los próximos meses el futuro de este proyecto.