Incendios en Bolivia: más de 7.500 hectáreas afectadas y sin avances legislativos

Bolivia ha entrado nuevamente en una crítica temporada de incendios, con más de 7.500 hectáreas devastadas hasta el momento, principalmente en Tarija y el Parque Otuquis. Este escenario se presenta sin que se hayan llevado a cabo modificaciones a las polémicas leyes que, según organizaciones ambientales, facilitan las quemas y desmontes.

En Tarija, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) ha reportado aproximadamente 5.000 hectáreas en llamas. Ante esta situación, la Gobernación ha declarado emergencia en los municipios de Méndez, Uriondo y Cercado, mientras que la Fiscalía ha iniciado al menos cuatro investigaciones para determinar responsabilidades en los incendios.

Por otro lado, en Santa Cruz, el incendio más significativo se ha registrado en el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Otuquis, donde cerca de 2.538 hectáreas han sido afectadas. También se han detectado focos de incendio en localidades como Pailón, Porongo y San Matías, complicados por fuertes vientos y la falta de recursos hídricos para controlar el fuego.

A pesar de estos graves incidentes, la diputada Cecilia Requena (Unidad) ha señalado que todos los esfuerzos para revocar las leyes que permiten estas prácticas han fracasado en la Cámara de Diputados. "Ni una sola ley incendiaria ha sido abrogada", enfatizó, mencionando que aunque algunas iniciativas fueron aprobadas en el Senado, no lograron avanzar en la Cámara Baja.

Una de las normativas más criticadas es la Ley 1171, que regula las quemas y establece penalizaciones por quemas no autorizadas. A pesar de un informe favorable para su abrogación, la propuesta ha encontrado resistencia entre los legisladores, especialmente aquellos vinculados a sectores productivos. Requena ha cuestionado la efectividad de las multas, que considera insuficientes, lo que lleva a que muchos infractores opten por pagarlas como un costo más de la actividad agrícola.

Además, la Ley 741, que permite el desmonte de hasta 20 hectáreas en propiedades pequeñas y tierras comunitarias, continúa vigente, a pesar de que el Senado aprobó su abrogación en septiembre de 2024.

La legisladora subraya que no solo es necesario eliminar normas perjudiciales, sino también implementar una nueva Ley de Bosques que elimine vacíos legales y ofrezca incentivos para prácticas agrícolas sostenibles. Enfatizó que la política actual favorece la expansión de la frontera agrícola a través de la quema, un modelo que, según ella, debe ser transformado para proteger el medio ambiente.

La advertencia de Requena toma mayor relevancia al recordar el desastre de 2024, cuando Bolivia sufrió la pérdida de 12,6 millones de hectáreas, siendo Santa Cruz la más afectada. Dada la combinación de sequías, cambios climáticos y vientos fuertes, la diputada insiste en que la prevención debe ser prioritaria, abogando por una vigilancia comunitaria, mejor coordinación gubernamental y un cambio en las políticas de uso de la tierra. Sin embargo, mientras el debate legislativo sobre estas cuestiones permanece estancado, los incendios continúan avanzando.