Productores de arroz en emergencia por escasez de diésel y costos altos
El sector arrocero en Bolivia enfrenta serias dificultades debido a la falta de acceso al diésel y el aumento de los costos de producción, lo que podría generar un desabastecimiento de arroz en 2027.

El sector arrocero se ha declarado en emergencia tras la implementación del Decreto Supremo 5676, que establece un precio diferenciado del diésel de hasta Bs 18 por litro para ciertos consumidores. Esta medida ha generado un fuerte rechazo entre los productores, quienes argumentan que ya están sufriendo una disminución en la superficie destinada a siembra debido a la escasez de combustible.
Ana Isabel Ortiz, exgerente de la Federación Nacional de Arroceros, advirtió que la falta de diésel está llevando al sector a una crisis sin precedentes, dificultando las labores de preparación de suelos y la siembra en tiempo adecuado. "El campo no espera y, al no haber diésel, es casi imposible trabajar la tierra en estas condiciones", afirmó.
Se estima que la reducción de siembra alcanza alrededor del 30% a nivel nacional, afectando principalmente a los pequeños productores, quienes no pueden costear el nuevo precio del combustible. Ortiz señala que muchos de ellos carecen de los recursos necesarios para adquirir el diésel, lo que los deja en una situación muy vulnerable.
Además, el incremento en los costos de producción es un factor preocupante. Actualmente, producir una hectárea de arroz requiere entre 1.000 y 1.500 dólares, pero con el aumento de precio del diésel, esta cifra podría elevarse a 2.000 dólares por hectárea.
A pesar de que Ortiz asegura que hasta finales de 2026 el abastecimiento de arroz está garantizado gracias a los inventarios existentes, la preocupación por la situación del 2027 es palpable. "El panorama es incierto y probablemente enfrentemos un desabastecimiento y un aumento en los precios, afectando a la mayoría de los hogares bolivianos que consumen arroz diariamente", añadió.
Por otro lado, el sector también ha sufrido pérdidas significativas debido a bloqueos y problemas en la comercialización de sus productos. Se estima que cerca de 20.000 familias de Santa Cruz y Beni se han visto perjudicadas, con pérdidas que superan los 40 millones de bolivianos.
Los productores alertan que si no se toman medidas urgentes, la reducción de las áreas cultivadas podría resultar en una menor producción de arroz y un eventual aumento en su precio.