Productores cañeros y mineros exigen la derogación del DS 5676
Los cañeros de Santa Cruz realizaron una protesta en YPFB contra el nuevo decreto que establece dos precios para el diésel, mientras los mineros pidieron al Gobierno que abrogue la normativa que afecta sus costos de producción.
El sector cañero de Santa Cruz llevó a cabo una movilización el día de ayer hacia la sede de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en rechazo al Decreto Supremo 5676. Los productores, liderados por Óscar Alberto Peña, realizaron una protesta simbólica dejando chala en las puertas de la entidad estatal, argumentando que la medida establece precios diferenciados para el diésel, lo que consideran discriminatorio y perjudicial para sus costos operativos.
Peña enfatizó que la derogación de esta normativa es esencial y solicitó al Gobierno que se elabore un nuevo decreto en conjunto con los productores del sector. Recordó que en ocasiones anteriores, cuando se eliminó la subvención al diésel, la producción se vio severamente afectada, alcanzando solo el 50% de lo esperado debido a los altos costos. Resaltó que la implementación de esta nueva normativa podría empeorar la situación, aumentando los precios de los productos en los mercados.
Además, se anunció la convocatoria a una asamblea nacional de productores en el norte de Santa Cruz, donde se discutirán nuevas medidas de presión contra el decreto y se buscarán soluciones que aseguren la sostenibilidad de la producción cañera.
Por otro lado, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) también se posicionó en contra del DS 5676, exigiendo su abrogación y rechazando la solicitud del Gobierno para que presenten alternativas ante la nueva regulación que establece un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para Clientes Directos y Grandes Consumidores (Gracos).
"El Gobierno tiene que dar alternativas de solución, no nosotros. Ellos tienen que traer propuestas, no decretos, no imposición".
La promulgación del DS 5676 se produce en un contexto de largas filas en las estaciones de servicio para abastecerse de combustible, además de la creciente preocupación de los sectores productivos por la escasez de diésel. Este decreto busca aliviar la carga fiscal de la importación de diésel a través de un precio referencial que incorpora los costos de importación y tributos.
La normativa exige Bs 18 por litro para usuarios específicos, mientras que otros consumidores seguirán pagando el precio establecido previamente de Bs 9,80. El Ministerio de Hidrocarburos se encargará de definir cómo se calculará este nuevo precio. Fencomin criticó la forma en que el Gobierno implementa estas decisiones y advirtió que el aumento en los precios afectará negativamente a los trabajadores, el sector productivo y las familias en general. La organización reafirmó su estado de emergencia y demandó la anulación del DS 5676.