Cuestionan el Proyecto de Ley de Inversiones por Sus Contradicciones
Omar Rilver Velasco Portillo, analista, expone seis puntos críticos sobre el nuevo proyecto de Ley de Inversiones que genera incertidumbre respecto a su implementación y efectos en la economía nacional.
El analista Omar Rilver Velasco Portillo ha manifestado su preocupación por el nuevo proyecto de Ley de Inversiones propuesto por el Gobierno, destacando seis contradicciones que, a su juicio, podrían generar confusiones acerca de la efectividad de esta normativa.
Entre sus principales críticas, Velasco se cuestiona la creación de la Agencia Nacional de Inversiones (ANI), así como el tiempo establecido de 120 días para la elaboración del Plan de Inversiones, preguntando qué funciones desempeñará esta agencia en ese lapso.
Otro punto que llama su atención son los incentivos fiscales y económicos que se ofrecen a las empresas transnacionales. El analista sostiene que el proyecto no exige compromisos mínimos en áreas clave como inversión, creación de empleo, transferencia de tecnología o el retorno de divisas al país.
Las exenciones tributarias, que incluyen beneficios en el IVA y el Gravamen Arancelario, además de los créditos tributarios sobre el IUE, también fueron objeto de su crítica. Velasco advierte que estas medidas podrían significar una disminución en los ingresos fiscales sin contar con mecanismos claros para compensar esta pérdida.
Asimismo, el analista expresó su inquietud ante la posibilidad de que las empresas extranjeras repatrien utilidades y dividendos sin que el nuevo marco normativo imponga niveles mínimos de reinversión en Bolivia, ni establezca garantías para el retorno de dólares generados por exportaciones.
Por último, Velasco cuestiona la participación de la Asamblea Legislativa en la aprobación de contratos de inversión, señalando que la norma podría permitir una ratificación de acuerdos negociados por el Ejecutivo, a pesar de que la Constitución otorga a la Asamblea determinadas competencias en relación a los contratos del Estado.
En conclusión, el analista también alerta sobre la posibilidad de que el Gobierno utilice recursos públicos para financiar programas de crédito, garantías y coinversión en el sector privado, una acción que considera problemática dada la situación de déficit fiscal que enfrenta el país.