Se intensifican los llamados a destituir al ministro Gabriel Espinoza por irregularidades fiscales
El ministro de Estado enfrenta serias acusaciones por falsificación en su declaración patrimonial y posibles delitos fiscales que podrían llevar a su remoción.
Recientemente, la situación del ministro Gabriel Espinoza se ha vuelto crítica tras las acusaciones sobre falsedades en su declaración jurada y otras irregularidades fiscales. Según la normativa boliviana, estas acciones podrían constituir varios delitos, lo que ha generado un clamor creciente por su destitución.
Entre las infracciones señaladas se encuentra la falsedad en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, estipulada en el Artículo 274 del Código Penal, que sanciona a los servidores públicos que omiten o falsean información sobre su patrimonio. En este contexto, Espinoza habría omitido incluir un vehículo previamente poseído, así como presentar un patrimonio que no refleja la realidad.
Además, se le imputa falsedad ideológica y el uso de instrumentos falsificados, de acuerdo con los Artículos 199 y 203 del Código Penal. Esto se relaciona con la alteración de un documento notarial de transferencia que consignó un precio considerablemente inferior al valor de mercado del bien, lo que podría haber causado perjuicios económicos.
Otro aspecto relevante son los delitos tributarios, específicamente la evasión fiscal. Según la Ley N° 2492, la subvaluación de bienes con el fin de disminuir la base imponible y evitar el pago correcto de tributos está tipificada como un delito. En este caso, declarar un monto desproporcionadamente bajo en la transferencia de un vehículo puede evidenciar una clara intención de defraudación fiscal.
Por último, también se investiga un posible enriquecimiento ilícito, conforme a la Ley N° 004. Esto sucede cuando hay un aumento patrimonial que no se justifica con los ingresos percibidos oficialmente. La compra de un vehículo de lujo por parte de Espinoza ha encendido las alarmas sobre el origen de sus fondos, lo que podría desencadenar una indagación por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Las autoridades y la opinión pública ahora exigen claridad sobre estos hechos, mientras la presión por la destitución del ministro se intensifica, dejando en el aire la posibilidad de un cambio en su cargo.