Responsabilidades en la gestión de Arce y Paz sobre el escándalo de 'gasolina basura'
La comisión de la Cámara de Diputados que investiga el caso de la 'gasolina basura' señala posibles responsabilidades en las administraciones de Luis Arce y la actual gestión, incluyendo contratos cuestionados con YPFB.
Carlos Alarcón, diputado y portavoz de la comisión especial de la Cámara de Diputados que indaga el asunto de la 'gasolina basura', reveló que el informe elaborado por este grupo identifica responsabilidades en autoridades del gobierno actual y del anterior, liderado por Luis Arce.
El informe se discutirá en los próximos días en el pleno de la Cámara, donde se decidirá la dirección de la investigación relacionada con la calidad del combustible y los contratos correspondientes.
Alarcón mencionó que entre los señalados como posibles responsables se encuentran el expresidente Luis Arce Catacora, los exministros Mauricio Medinaceli y Gallardo, así como ex altos funcionarios de YPFB, incluyendo a Wilson Dorgathen.
"Es evidente que ambas gestiones presidenciales tienen responsabilidad en este caso", subrayó el legislador, quien también destacó que cualquier intento de alterar o ignorar las conclusiones del informe debe ser justificado de manera clara. Estas afirmaciones parecen dirigirse a la diputada Ximena Arispe, presidenta de la comisión, a quien cuestionó por el manejo del documento.
Uno de los puntos críticos en el informe es el contrato firmado entre YPFB y la empresa Ditol durante la gestión de Dorgathen, que fue modificado en varias ocasiones y finalmente ampliado el 17 de diciembre de 2025, coincidiendo con el levantamiento de la subvención a los combustibles. Alarcón criticó la decisión de ampliar dicho contrato en lugar de buscar alternativas que garanticen un suministro de combustibles de calidad acorde al mercado.
La ampliación del contrato, según Alarcón, extiende su vigencia hasta el 30 de junio de 2026, un periodo en el que se continuó la provisión del combustible relacionado con el escándalo de la 'gasolina basura'.
El caso es de gran importancia económica, ya que afecta a YPFB, la principal empresa estatal del sector hidrocarburos, y tiene repercusiones directas sobre el suministro de combustibles, un aspecto que impacta en la economía nacional.
El diputado también expresó su preocupación por el retraso en el tratamiento del informe, que permaneció sin atención durante un mes tras su envío a la Presidencia de la Cámara Baja. "La presidenta de la comisión lo mantuvo en un bajo perfil durante un mes", denunció.
Ahora el informe pasará al pleno, que deberá evaluar las conclusiones de la comisión y decidir si se deben establecer responsabilidades políticas o administrativas y qué otras acciones deben seguirse en el marco de la investigación.