lunes 2 de noviembre de 2026 · Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Sociedad

Conflictos en colonias menonitas: castigos y denuncias que cuestionan la disciplina interna

Las denuncias sobre castigos físicos y expulsiones en colonias menonitas de Santa Cruz plantean serias interrogantes sobre la disciplina religiosa y el respeto a los derechos individuales. La abogada Marianela Bozo comparte casos que reflejan esta problemática.

Por Gabriela Landívar · 27 de octubre de 2026

La abogada Marianela Bozo ha expuesto cuatro casos en los que se presentan alegaciones de castigos físicos, expulsiones y conflictos con las autoridades menonitas. Estas denuncias sugieren una necesidad urgente de evaluar hasta dónde llega la disciplina religiosa en relación con los derechos humanos en Bolivia.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Sara Loewen Fehr, quien a la edad de 19 años fue internada en una institución psiquiátrica en Santa Cruz después de casarse sin el consentimiento de sus padres. Su historia, que recuerda a la tragedia de Romeo y Julieta, se desarrolla entre la colonia Chihuahua/Neuland Tunas y la colonia Río Verde en Paraguay, donde finalmente contrajo matrimonio con David Wiebe Martens.

A pesar de haber dejado Bolivia, Sara fue forzada a regresar por sus padres, quienes la llevaron engañada a la frontera. Tras una serie de eventos legales, su esposo David se encuentra actualmente detenido en Paraguay a la espera de extradición por una acusación de presunta trata de personas, aunque Sara ha dejado claro que su matrimonio fue consensuado.

Casos de violencia y sanciones dentro de las comunidades menonitas

Bozo relata haber recibido varios llamados de hombres menonitas solicitando ayuda ante abusos dentro de sus comunidades. En uno de los casos, un hombre fue hallado con graves lesiones tras ser golpeado como un 'castigo' organizado por la comunidad debido a su incapacidad para cumplir con tareas laborales, lo que ha puesto en evidencia la gravedad de los castigos impuestos.

Otro caso, relacionado con el anterior, reveló que algunos integrantes de la colonia que apoyaron a la víctima sufrieron represalias, incluyendo expulsiones. Según Bozo, ser expulsado de una comunidad menonita implica ser aislado no solo de la práctica religiosa, sino también de la red de apoyo social y económico que ofrece la comunidad.

En otro relato, se menciona a un hombre de 35 años sometido a castigos físicos por no cumplir con una obligación económica. Tras ser trasladado a una clínica, regresó a su colonia en un estado de deterioro físico evidente. Esta situación pone de manifiesto las duras exigencias que algunas comunidades pueden imponer a sus miembros.

El cuarto caso involucra a un joven que fue sancionado simplemente por conversar con una joven, lo que desencadenó un conflicto familiar. A pesar de las limitaciones que enfrentó Bozo para continuar con las denuncias debido a la falta de recursos, sus esfuerzos resultaron en la detención de algunos castigos en estas comunidades.

La abogada ha sido testigo de un patrón que sugiere la existencia de una estructura autoritaria en ciertas colonias, donde las decisiones sobre la vida comunitaria pueden llevar a la violencia y el aislamiento. La fe y la organización comunitaria, aunque esenciales, no pueden justificar la vulneración de derechos, según Bozo.

Finalmente, Bozo cuestiona el papel de la justicia en Bolivia, sugiriendo que la falta de acción de fiscales y autoridades judiciales podría estar alimentando una situación de impunidad, lo que intensifica la necesidad de investigar estos hechos en profundidad. La cuestión que se plantea es si el marco legal del país es capaz de proteger los derechos de quienes viven bajo normas comunitarias estrictas.