Impacto del fenómeno El Niño en la producción boliviana
La OEA alerta sobre la disminución de lluvias y aumento de temperaturas, lo que podría afectar el crecimiento económico de Bolivia en 2026.
Un análisis reciente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) advierte sobre las consecuencias negativas que el fenómeno de El Niño podría traer para Bolivia. Se anticipa una reducción en las lluvias y un incremento en las temperaturas, lo que generará desafíos significativos para la agricultura y otros sectores productivos.
El informe, realizado en colaboración con la Organización Meteorológica Mundial y el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño, estima que entre octubre y diciembre de 2026 se registrarán temperaturas más altas de lo habitual y precipitaciones por debajo de lo normal en gran parte del territorio nacional.
Particularmente en la región amazónica, se prevé un déficit hídrico que podría prolongarse hasta febrero de 2027, lo que impactará la navegación y podría aislar a algunas comunidades, además de aumentar el riesgo de incendios forestales.
En el Altiplano y los Andes del sur, las expectativas de lluvia son variadas, con un pronóstico de precipitaciones entre normales y deficitarias desde diciembre hasta marzo. Esta situación podría comprometer las siembras que dependen de las lluvias y disminuir las reservas de agua disponibles.
Aunque la OEA no proporciona cifras específicas sobre el costo económico del fenómeno en Bolivia, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) estima que el impacto de El Niño podría reducir el crecimiento del producto interno bruto (PIB) entre 0,3 y 2 puntos porcentuales en 2026, dependiendo de la intensidad del fenómeno y de la capacidad de respuesta del país.
Los efectos económicos podrían manifestarse de varias maneras: la escasez de agua afectaría las cosechas y podría aumentar los costos de producción, mientras que los incendios impactarían los bosques y las actividades económicas. La disminución de los caudales de los ríos también complicaría el transporte de bienes y personas.
Ante esta situación, el Gobierno ha puesto en marcha el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y ha creado una unidad dedicada a la gestión de riesgos agropecuarios, además de implementar un sistema de monitoreo y alerta dirigido al sector agrícola.
El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Karel Rivero, señaló que se están destinando recursos y trabajando en conjunto con los municipios para establecer alertas y realizar obras preventivas, con el objetivo de mitigar los efectos del fenómeno.
La OEA considera crítico el periodo entre octubre de 2026 y marzo de 2027 y recomienda anticipar medidas para proteger el agua, la producción y la población.