Seis advertencias anteceden la ofensiva estadounidense contra la corrupción judicial

Desde el año 2022, una serie de informes de la ONU y de observatorios especializados han documentado la conexión entre la corrupción, la interferencia política y la infiltración criminal en la justicia de Bolivia. Como parte de esta situación, Estados Unidos ha hecho pública una lista que incluye a 28 individuos sujetos a restricciones migratorias, de los cuales 16 son jueces o fiscales, actuales o pasados.

Entre septiembre y octubre de este año, el gobierno estadounidense reveló que 62 personas, junto a sus familias, enfrentarían restricciones migratorias dentro de su estrategia para combatir el crimen organizado y la corrupción. Este grupo incluye a fiscales, jueces y magistrados que han estado implicados en estos problemas.

En junio de 2022, Diego García-Sayán, quien era relator de la ONU sobre independencia judicial, realizó una visita a Bolivia en la que informó sobre interferencias políticas en el sistema judicial. Durante su visita, observó que el 47% de los 1.134 jueces ordinarios eran temporales y que una gran parte de los privados de libertad carecía de sentencia. García-Sayán también destacó la necesidad de una reforma en los códigos procesales y señaló que el presupuesto para el poder judicial ascendía a menos del 0,5% del total nacional.

En diciembre de 2024, la Comisión Internacional de Juristas, junto con otras organizaciones, emitió un informe crítico sobre la falta de elecciones integrales para magistrados y la prórroga de mandatos, poniendo en riesgo la independencia del sistema judicial en el país.

El Índice Global de Crimen Organizado de noviembre de 2025 asignó a Bolivia una puntuación de 5,12 sobre diez en criminalidad, marcando un incremento respecto al año anterior. Además, se observó una baja en la resiliencia estatal, lo que pone de manifiesto la grave situación de corrupción y el impacto de redes criminales operando en el país.

La relatora de la ONU, Margaret Satterthwaite, visitó varias ciudades bolivianas en septiembre de 2026, donde se reunió con autoridades y organizaciones civiles para discutir las presiones políticas que afectan la elección de jueces. En sus declaraciones, abogó por nombramientos basados en mérito y por una verdadera independencia judicial.

El 28 de septiembre, Estados Unidos impuso restricciones a 21 bolivianos, incluyendo al entonces fiscal general Róger Mariaca, quien fue acusado de proteger al narcotráfico. Posteriormente, Mariaca fue arrestado el 1 de octubre y se encuentra en detención preventiva. En esta primera lista, se identificaron a otros 9 operadores judiciales, incluyendo varios fiscales y jueces.

El 17 de octubre, Mónica Mendoza, representante de la UNODC, alertó sobre la creciente influencia de mafias extranjeras en el sistema judicial boliviano. Según Mendoza, la combinación de narcotráfico, trata de personas, contrabando y corrupción es preocupante y sugiere que la infiltración en las instituciones es un asunto crítico que el país debe enfrentar.

El 22 de octubre, Estados Unidos anunció nuevas restricciones para 40 personas adicionales, de las cuales 15 fueron identificadas, incluyendo a fiscales y jueces. Estos acontecimientos han reavivado el debate sobre la necesidad de una reforma profunda en el sistema judicial, propuesta por diversas autoridades, incluida la creación de mecanismos de control ciudadano y la digitalización de procesos.

Desde el gobierno, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, indicó que se están buscando apoyos técnicos para avanzar en la digitalización y en la lucha contra la corrupción. Asimismo, la relatora Satterthwaite enfatizó que cualquier reforma debe ser libre de influencias políticas para ser efectiva.