Denuncia de trabajadora de joyería involucra a exfiscal Balderas
Una empleada de una joyería en Santa Cruz que enfrenta acusaciones de complicidad en un atraco ha presentado una denuncia formal en contra del exfiscal Félix Gerardo Balderas, quien ahora tiene restricciones de viaje impuestas por Estados Unidos.
La trabajadora de la joyería, señalada como cómplice en un atraco ocurrido en un centro comercial de Santa Cruz, decidió acudir al Ministerio Público para presentar una denuncia formal en contra de Félix Gerardo Balderas Arteaga, quien hasta hace poco lideraba las investigaciones de este caso.
La denuncia surge tras la revelación de que Balderas fue incluido en la lista de ciudadanos bolivianos a quienes se les ha restringido la visa por Estados Unidos. La acusada sostiene que el exfiscal le habría sugerido que propusiera algo a cambio de su libertad tras interrogarla en privado.
En sus declaraciones, la trabajadora insistió en su inocencia y denunció irregularidades en la actuación del exfiscal, quien la habría tratado de presionar durante su declaración, pidiéndole en reiteradas ocasiones que le ofreciera algo.
"Quiero formalizar mi denuncia públicamente contra el fiscal Gerardo Valderas Arteaga, quien me imputó a mí y a mi persona siendo inocente en este atraco de la joyería. (…) Yo quiero que se demuestre mi inocencia, ya que ahora este fiscal es una persona igual que yo (sin cargo institucional)," dijo la trabajadora durante su visita al Ministerio Público.
La denunciante relató que durante su declaración como testigo, el exfiscal la llevó a una oficina apartada, donde le hizo preguntas que la incomodaron. Aseguró que estaba bajo presión y que solo ella fue objeto de este tipo de interrogatorio.
La empleada también enfatizó que, tras el atraco, quedó con secuelas psicológicas y aclaró que las grabaciones de videovigilancia que muestran su presencia durante el asalto no fueron presentadas en su totalidad.
El exfiscal Balderas, quien fue destituido de su cargo junto a otros 60 funcionarios de la anterior gestión del fiscal general Róger Mariaca, enfrenta esta denuncia en un contexto complicado, tras ser uno de los 15 ciudadanos bolivianos restringidos por Estados Unidos.