Inspección en Ascensión de Guarayos revela daños ecológicos por minería ilegal
Una revisión interinstitucional en La Chonta, liderada por la ABT y COPNAG, constató la presencia de maquinaria ilegal y serios deterioros ambientales. Se decomisó equipo y se identificaron responsables.
Técnicos de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) junto a representantes de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (COPNAG) realizaron una inspección en La Chonta, municipio de Urubichá, a 40 kilómetros al este de Ascensión de Guarayos, con el objetivo de abordar denuncias sobre minería ilegal en la región.
La inspección, que se dio bajo fuerte custodia policial, fue encabezada por la presidenta de COPNAG, Cirila Tapendaba, y contó con la participación de asambleístas de comunidades indígenas. Este despliegue permitió superar la resistencia de algunos lugareños y líderes que se oponían al acceso de la comisión.
En una visita anterior, el 10 de agosto, la comisión no logró acceder al área debido a la oposición local. Sin embargo, al llegar esta vez, los inspectores solo encontraron campamentos vacíos, aunque las evidencias de daño al medio ambiente eran claras.
Tapendaba informó a los medios que, aunque no se encontraron mineros en el lugar, sí se identificaron graves daños ecológicos, incluyendo desmontes, contaminación de aguas y quema de bosque. Durante la inspección, se confiscó una oruga que operaba en el área.
"La ausencia de personas en el lugar no significa que no haya culpables, ya que se tiene conocimiento de quiénes son", destacó Tapendaba. En este sentido, se anunciaron futuras inspecciones para continuar monitoreando la situación.
El asambleísta Noel Soto Cruz, presidente de la comisión de Desarrollo Sostenible de la ALD, comentó que se ha comprobado la contaminación de aguas con mercurio que podría afectar al Río Blanco. Se emitirá un informe detallado sobre las condiciones encontradas.
Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez, técnico minero de la Gobernación, resaltó que la actividad minera en la zona presenta dos problemáticas: riesgos de salud para la población y los animales, y un impacto significativo en el medio ambiente. "Toda actividad, en beneficio de la sociedad, debe ser regulada", concluyó.