Madera boliviana: se suspende la quema, pero persisten las incertidumbres sobre los daños
La decisión judicial impide nuevas incineraciones de madera, permitiendo realizar nuevos análisis. El IBCE estima pérdidas por $us 50 millones mientras se espera el recuento de lo destruido.
La reciente suspensión judicial de la quema de madera en Chile abre una nueva etapa para las 23 compañías bolivianas involucradas en una investigación por supuestos vínculos con el narcotráfico. Esta decisión no solo busca proteger la mercancía que aún permanece en los puertos, sino también permite a las empresas cuestionar los análisis que justificaron la retención de su producto.
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) celebró la resolución adoptada el 19 de octubre en Arica, destacando que esta medida permitirá a las empresas comprobar la validez de las acusaciones en su contra. Según el IBCE, el impacto económico de esta situación asciende a $us 50 millones.
La suspensión de la quema se mantendrá por un periodo mínimo de 60 días, con la posibilidad de extenderse si es necesario. El abogado de las empresas, José Antonio Villalobos, subrayó que esta decisión busca evitar la pérdida de más mercancía y se concentrará en el análisis del material aún disponible.
Investigación y análisis pendientes
La controversia se centra en el hecho de que, aunque la madera ya incinerada no puede recuperarse, la que se encuentra en puertos como Valparaíso y San Antonio debe ser objeto de nuevos análisis. Aún no se ha recibido confirmación oficial sobre la cantidad exacta de madera que fue destruida en Arica.
Villalobos también mencionó que el juez ha autorizado la presencia de un perito químico privado durante las nuevas pruebas, lo que permitirá a las empresas tener una mayor participación en las contramuestras.
Por otro lado, el IBCE argumenta que la situación no solo afecta el valor de la madera, sino que también ha repercutido en contratos y relaciones comerciales, lo que podría tener efectos duraderos en las exportaciones bolivianas.
La próxima audiencia, programada para el 29 de octubre, definirá las condiciones para los nuevos análisis. Mientras tanto, la incertidumbre persiste sobre el daño causado y las pruebas que sostienen las acusaciones contra las empresas.