Sedes refuerza controles para ambulancias sin autorización en Santa Cruz

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz ha intensificado sus operativos de control a ambulancias, coordinando esfuerzos con la Unidad Operativa de Tránsito para detectar y retirar aquellas unidades que brindan servicios de traslado de pacientes sin contar con la autorización sanitaria adecuada.

Iván Boker, responsable del Centro Coordinador de Emergencia en Salud Departamental, destacó que estos operativos buscan asegurar que las ambulancias cumplan con las normativas necesarias para ofrecer un servicio seguro y confiable.

Estamos intensificando estos operativos para sacar de circulación aquellas ambulancias que no cuentan con Resolución Administrativa. Son ambulancias que están funcionando de manera clandestina y no vamos a permitir que continúen operando dentro del sistema.

Según Boker, el Sedes recibe constantes denuncias de ciudadanos sobre ambulancias que operan sin la documentación pertinente, trasladando a pacientes a clínicas privadas sin la autorización requerida. Esto representa un riesgo para la salud pública.

El funcionario también recordó que las clínicas privadas tienen prohibido colaborar con ambulancias que no estén acreditadas por el Sedes, ya que es fundamental que los traslados se realicen en vehículos que reúnan todas las condiciones necesarias.

Para que la población pueda verificar si una ambulancia está habilitada, Boker sugirió utilizar el código QR que se encuentra en el parabrisas de las unidades autorizadas, lo que permite a los usuarios confirmar la vigencia de la autorización de la ambulancia.

Finalmente, se hizo un llamado a los propietarios de ambulancias que aún no han regularizado su situación ante el Sedes para que inicien los trámites correspondientes. Insistió en que operar sin la debida autorización es un riesgo para la salud de los pacientes.

La normativa establece que las ambulancias que operan sin autorización pueden enfrentar sanciones administrativas, que van desde suspensiones temporales hasta definitivas, y los casos más graves pueden ser remitidos para un procesamiento por atentado contra la salud pública.